Cosas que el franquismo prohibía hacer a las mujeres

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Para las jóvenes españolas, casarse siempre fue un mal negocio. Todo era de ellos (con particularidades en los casos catalán y balear a partir de los años sesenta), empezando por el hogar conyugal, al que el Código Civil se refería como “la casa del marido”. Estos eran libres de hacer lo que quisieran con la vivienda sin necesidad de informar a su esposa. Es más, en caso de separación incluso podían ponerla de patitas en la calle.

Durante muchos años, las mujeres casadas no pudieron hacer las más simples gestiones económicas y con la administración sin el permiso de sus esposos. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, para lo que necesitaban la llamada “licencia marital”.

Esto no fue un invento del franquismo; ya figuraba en los artículos 60 y 61 del Código Civil de 1889. Además de la apertura de cuentas corrientes, también prohibía la enajenación de bienes, la compra de un inmueble o la comparecencia en un juicio. Para esto último, las únicas excepciones eran los casos en que los pleitos fueran contra los propios maridos o cuando se tratara de defenderse de una acusación criminal.

Antes de 1981, la mayoría de los artículos del Código Civil referentes a la autoridad paterna empezaban con la siguiente frase: “El padre, y en su defecto la madre, tiene derecho a…”. Es decir, que la patria potestad era siempre del primero, a no ser que estuviera muerto.

A pesar de que la ley establecía la mayoría de edad en los 21 años para ambos sexos, hasta 1972 las jóvenes españolas por debajo de los 25 fueron virtualmente menores. No podían irse de casa, pues el artículo 312 del Código Civil se lo prohibía a no ser que tuvieran el beneplácito de sus padres. Claro está, para lo único que no lo necesitaban era para casarse o para ingresar en una institución religiosa como novicias.

Ni casada ni soltera: durante la dictadura, ninguna mujer podía abandonar España libremente. Las primeras necesitaban la licencia marital para obtener el pasaporte, y las segundas, entre otras cosas debían justificar que ya habían cumplido con el Servicio Social, que era una especie de mili para ellas.

En 1900 la regente María Cristina firmó el primer reglamento para los vehículos que desde hacía poco circulaban por las carreteras españolas. Así es como nació la obligación de poseer un permiso, es decir, el carnet de conducir. En contra de lo que se podría pensar, en ese momento no existía ninguna discriminación por sexos.

Esta llegó en 1918, cuando un nuevo ordenamiento obligó a las mujeres a presentar un permiso; a las casadas, del marido, y a las solteras, del padre. Daba igual que supieran leer y escribir, que gozaran de buena vista y salud general o que tuvieran un certificado de buena conducta: el cabeza de familia debía autorizarlo.

En el pasado las condiciones del trabajo femenino en algunos sectores fueron draconianas. Un Real Decreto del año 1900, por ejemplo, legitimaba la suspensión inmediata del contrato en caso de embarazo. Como denunció veinte años más tarde la feminista Margarita Nelken, esto llevó a que muchas dieran a luz en las fábricas.

En 1938 llegó el Fuero del Trabajo franquista, que mejoró las condiciones de las mujeres… alejándolas del trabajo. Su artículo primero lo dejaba claro: “El trabajo es la participación del hombre en la producción”. Por eso ellas estuvieron vetadas en buena parte de los sectores privados y en la mayoría de los puestos de la administración.

Cierto que la propia dictadura empezó con los años a dar marcha atrás en estas medidas, pero no fue hasta la llegada de la democracia cuando se levantaron las últimas restricciones. La más injusta venía impuesta por la licencia marital, que impedía que las casadas trabajaran sin el permiso de sus maridos.