¿500.000 firmas para que sirven?

La voz del pueblo no se oye en el Parlamento. La herramienta principal que tienen los ciudadanos para pedir a las Cortes cambios en las leyes, la iniciativa legislativa popular (ILP), ha demostrado hasta la fecha que no tiene ninguna utilidad. El Congreso ha tumbado las 63 desde que en 1985 se presentó la primera (pensiones de jubilación para amas de casa).

En el contexto actual, de recortes y tercermundialización, las frías estadísticas revelan que todas las propuestas legislativas presentadas en el Congreso han sido rechazadas.

Algunas tras haber sido estudiadas por el Hemiciclo; otras simplemente inadmitidas a trámite, es decir, ni siquiera han sido debatidas por la Mesa del Congreso, como la última presentada en junio: proposición de ley sobre la eliminación de las prebendas de la clase política cesada.

La iniciativa legislativa popular está en nuestra Constitución, pero no fue regulada hasta 1984. Y en 2006 sufrió modificaciones para dar validez a la firma electrónica. Y es que las ILP, única herramienta directa que tienen los ciudadanos para participar en la actividad legislativa, tienen que estar avaladas por la firma de más de 500.000 personas, lo que también refleja la importancia de lo que piden los ciudadanos.

Otras cinco ILP están a la espera de que el Congreso decida o no si las admite, tres de ellas basadas en medidas económicas: reversión de la congelación de las pensiones, regulación de la dación en pago y una ley para el empleo estable. Hay una sexta ILP tramitada, que pide una "ley sobre la mejora de los derechos de los consumidores y la protección de su vivienda". Pero no ha sido aceptada porque aún no está avalada por las 500.000 firmas.

Las ILP se pueden presentar en el Congreso con 500.000 firmas que las apoyen o sin las firmas, con un texto articulado de proposición de ley y una exposición de motivos. Luego el Congreso da nueve meses para recoger las 500.000 firmas. Si en ese tiempo las consigue, la Cámara Baja decide entonces si la acepta o no.