Hola!
A ver que os parece este tipo de documentos.
Aunque se ha comentado alguna vez por el foro, creo que son documentos interesantes de los que desconozco bastante y me gustaría aprender.
Creo que son Pagares.
Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo:
Os dejo un articulo que explica este ultimo documento.
Fuente:
http://www.enciezadigital.com/detalleNoticia.asp?Idnoticia=82194"El 18 de julio de 1936 se iniciaba la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la II República, comenzaba así la última contienda fraticida española, conocida simplemente como la Guerra Civil (1936-39).
A medida que las tropas del general Franco avanzaban progresivamente, los resortes de la dictadura se asentaban en las áreas ocupadas, de tal forma que la moneda legal de la zona republicana decrecía en valor o sencillamente resultaba perentoria su permuta. A tal fin, la Orden de 28 abril de 1938 establecía el canje forzoso de la moneda republicana por la franquista, encargándose de su tramitación los municipios, bancos privados, aduanas, autoridad militar competente o los sujetos así habilitados bajo la supervisión del Banco de España (Decreto del Ministerio de Hacienda aprobado en Burgos el 27 de agosto de 1938, BOE de 17 de septiembre de 1938).
El denominado «Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el Enemigo» incluiría no sólo el dinero circulante sino también los certificados de plata (talones especiales) y las inversiones del Tesoro. Asimismo, dicho decreto especificaba que “en los términos municipales donde no exista sucursal del Banco de España, ni oficina de canje, el Banco cuidará de proveer al Ayuntamiento de solicitudes impresas”, demandándose que todas las peticiones contarían con una declaración jurada en la que se expondría su origen, además de ser indispensable el aval de “tres personas de reconocida solvencia económica y moral”, añadiéndose que las “peticiones que ofrezcan duda sobre la veracidad de lo declarado” se resolverían expidiendo a los interesados “un resguardo por la cantidad en suspenso”. Para resolver las resoluciones denegatorias, el decreto establecía un Tribunal de Canje de Moneda presidido por un representante regional del Banco de España, un sujeto designado por el Gobernador Civil y por una autoridad cualificada de carácter militar, debiendo fallar este tribunal “en conciencia”. Finalmente, el montante económico global de los cambios desestimados se incluiría en una cuenta especial del Banco de España bajo el título de “Billetes de Canje Desestimado”.
Resulta evidente que para proceder al canje muchos españoles necesitaron del aval de sujetos de renombre y adictos al nuevo régimen dictatorial, por lo que, en plena guerra o durante la postguerra, infinidad de familias que residían en la zona leal a la República se vieron obligados a entregar sus ahorros y les resultó imposible obtener algo más que un simple recibo. Ese mismo dinero que simplemente se quedó el Estado franquista, pues la incautación se contempló desde una doble perspectiva: la necesidad de obtener recursos monetarios por parte de un Estado en grave crisis tras la contienda y, por otro, contemplándose como una medida más de represión para los perdedores.
En nuestros días, la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), con sede en Barcelona y en conexión con las que comienzan a aflorar en el resto de España, comenzó en el año 2000 su campaña reivindicativa para que el dinero que nunca fue devuelto sea ahora entregado a sus legítimos dueños o descendientes. Se solicita, pues, al Estado y al Banco de España la estimación de lo incautado, su devolución y revalorización, tanto a quienes custodian sus recibos como aquellos que no quisieron entregar su dinero o se lo llevaron al exilio,
En esta línea, en junio de 2005 el grupo parlamentario calatán Esquerra Republicana, al amparo del artículo 193 del Reglamento de la Cámara del Congreso, presentó una Proposición No de Ley para su debate en Comisión, siendo seguidamente rechazada.
En la actualidad, desde el mes de noviembre la iniciativa resolutoria a vuelvo a ser presentada en el Congreso de los Diputados, aportándose en esta nueva ocasión una novedosa aportación documental por parte de los historiadores José Ángel Sánchez Asiaín, miembro de la Real Academia de la Historia, Laura Cervera, profesora en la Universidad de Gerona, y de Alfredo Marín Cano, profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES «Diego Tortosa» de Cieza (Murcia).
Para el profesor Sánchez Asiaín, un documento del Banco de España, fechado el 5 de noviembre de 1938, autorizaba a utilizar todo el dinero incautado en la zona republicana para emplearlo en beneficio del nuevo régimen, estableciendo que la decomisón se realizara con celeridad para evitar reclamaciones ante el Tribunal Internacional de La Haya, pues la única peseta reconocida entonces era la republicana.
Por su parte, Laura Cervera incide en que la contienda también conllevó una perspectiva económica a través de lo denomina “guerra monetaria”, es decir, el dinero republicano fue utilizado como arma de guerra al incrementar los fondos económicos del Tesoro Nacional franquista.
La labor de indagación documental desarrollada por Alfredo Marín Cano durante la pasada primavera de 2.009 se ha convertido en noticia en los últimos meses, haciéndose eco diversos medios internacionales (como los canales televisivos France 2 y la cadena francoalemana Arte) y nacionales (periódicos como el Diario de Navarra, Público y la revista Tiempo). Tras consultar infructuosamente los fondos madrileños del Archivo Histórico Nacional, Ministerio de Hacienda, General de la Administración y Casa de Moneda y Timbre, la consulta del archivo del Banco de España concluyó con algunas novedades.
Se constató la existencia de los fondos del Tribunal Especial del Canje de Billetes (1938-61), mas si existe su inventario su catalogación es nula, es decir, se confirma su presencia en los fondos de la institución, pero al carecer de signatura las autoridades bancarias argumentan que resulta imposible su consulta. Su documentación podría responder a resoluciones de las demandas de cambio, procedencia de las solicitudes, informes emitidos por determinadas instituciones amparando el canje (ayuntamientos, autoridad militar, Falange, etc.)…
Asimismo, en los libros de Comisiones de Emisión se conservan informes de personas que solicitaron el cambio y recuperaron el dinero que poseían, por lo que el supuesto argumento de la injusticia actual para quien carezca de recibos se anula por la devolución que algunas personas sí lograron.
Y lo más importante, en el denominado Libro de Actas del Banco de España, asociado al Gobierno de Burgos, destacan dos sesiones de gran importancia: Sesión de 10 de Febrero de 1938, por la cual se crea el Servicio de Cambios y Moneda; y la de 9 de mayo de 1938, en la que se argumentaba que “… los billetes a canjear en la zona roja alcanzarán aproximadamente la cifra de 3.561 millones”. Añadiéndose que “…la cifra de 5.480 millones de circulación en 18 de Julio de 1936, que fue el punto de partida de los cálculos anteriores, es desproporcionada con las exigencias de la Economía en general,…”. Aceptándose finalmente “…la cifra de 3.561 millones de pesetas como el importe de los billetes a canjear…”
En conclusión, ahora se puede demostrar que algunas personas cobraron sus recibos, con toda probabilidad aquellas amparadas social y políticamente por el régimen. Por tanto, las exigencias de los damnificados no resultarían insolidarias con otros, sino que la discriminación ya se cometió durante y en la postguerra. Con todo, lo más sobresaliente residiría en la estimación que el propio franquismo, a través del Banco de España, realizó de 3.561 millones de pesetas (rebajando una cifra anterior que ascendía a 5.480 millones); montante que al cambio no parece acercarse a la demanda de los perjudicados por la incautación franquista al estimarse en unos 14 millones de euros.
Desde la asociación APIGF se mantiene la esperanza de alcanzar sus objetivos, basándose en la creciente concienciación social, tanto por parte de otras asociaciones como instituciones públicas y partidos políticos; la difusión en los medios de comunicación de la problemática que les aúna; el aumento de los asociados y su cada vez más sólido compromiso para lograr su meta y la solidez de tal demanda, no sólo moral, sino también jurídica, así como la amparada en la documentación histórica, cada vez mayor y con perspectivas de ampliarse."
Un saludo
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