Durante su reinado, Carlos III acometió un proceso devaluatorio con fines encubiertos de carácter fiscal. De hecho, esta devaluación se realizó de forma secreta y podría considerarse como un fraude en toda regla.
El 18 de marzo de 1771, Carlos III, a través de los virreyes, había enviado a los superintendentes de las cecas un documento secreto ordenando reducir el fino de las monedas. Este hecho constituyó una imposición fiscal sobre la acuñación de moneda.
El propósito de modernización y mejora técnica del numerario tenía como trasfondo una política devaluatoria encubierta.
De nuevo, el 25 de febrero de 1786 volvía a reducirse la ley del oro y la plata sin alterar su peso.
Parece que las ganancias derivadas de ambas medidas devaluatorias estuvieron destinadas a financiar la costosa tarea de modernización de la moneda que se había emprendido, a pesar de que el propio Carlos III había prometido asumir los costes de dicha operación. Lo cierto es que, realmente, quienes financiaron la mejora técnica fueron los propios usuarios de la moneda...
En teoría, La misma Ordenanza Real que devolvía el control de las Casas de Moneda a la Corona, estipulaba la acuñación de monedas de oro y plata con la característica de que un escudo sería igual a dos pesos de plata (recordemos que un peso, o peso fuerte o duro eran denominaciones para el real de a
con ley de 22 quilates o ley 0.916.
Esta ley sería alterada por Carlos III, en 1779, al ordenar en forma secreta y bajo juramento, acuñar las monedas de oro a la ley de 21 quilates y 2.5 granos, sin que "el público lo supiera" con una rebaja de 15.5 milésimas de metal fino en cada moneda, lo que se puede catalogar como un fraude común y corriente al hacer pasar monedas de 21 quilates 2.5 granos como monedas de 22 quilates. El 15 de julio del mismo año de 1779 por Pragmática dictada por Carlos III se dispuso que el Doblón de a ocho del nuevo cuño tuviese el valor de 16 Pesos, para guardar la misma proporción del oro con la plata en España y en los virreinatos de América, y que esta fuera de 1 a 16.
De nuevo, este fraude se repetiría y acentuaría en su magnitud en el año de 1786, al ordenar nuevamente bajo los “mismos principios de secreto y juramento inviolables” que las acuñaciones de oro que se efectuaron a partir del primero de enero de 1787, debían de hacerse con ley de 21 quilates o ley 0.875 (rebajando, esta vez, 2.5 granos) y haciendo circular con ello una moneda de igual peso y ley, pero que contenía 41.5 milésimas de finura menos de la establecida en la moneda, al menos oficialmente.
En resumen, desde 1771 hasta 1786/7 se efectuaron varias alteraciones en la ley de las monedas, tanto de oro como de plata, con el fin de sufragar los gastos de la reforma monetaria para que estos fueran asumidos por los ciudadanos y no por la corona.
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